La Consejera Presidencial para los DDHH, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó que las entidades del Estado asumen dentro de sus competencias el esclarecimiento de los hechos de violencia que se han generado en el marco de las manifestaciones sociales desde el 28 de abril, para judicializar a quienes con sus actos criminales han empañado las manifestaciones pacíficas.
En su décimo informe de seguimiento a la situación de derechos humanos con corte al 22 de mayo, se destaca una cifra similar de lesionados entre civiles (1.040 casos) y uniformados (1.049 casos). De la misma forma, las cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de 42 reportes de personas fallecidas; en ese sentido la Fiscalía había establecido, con corte al 17 de mayo, un total de 15 casos relacionados con las manifestaciones, 16 que no tenían nexo con las mismas y 11 casos en proceso de verificación.
La Alta Funcionaria reiteró que “el Gobierno Nacional condena la violencia venga de donde venga y advierte que quienes hayan infringido la ley deberán ser investigados, enjuiciados y sancionados con condenas ejemplarizantes”. Al respecto, el décimo reporte de la Consejería destaca que actualmente la Policía adelanta 144 investigaciones por presuntas fallas disciplinarias, la justicia Penal Militar 33 investigaciones, la Procuraduría 80 investigaciones disciplinarias y la Fiscalía adelanta 20 investigaciones penales. Esta última entidad, también adelantó 160 imputaciones y 49 medidas de aseguramiento contra personas supuestamente vinculadas a hechos delictivos.
Además del monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en el marco de las manifestaciones públicas, que deberìan ser pacíficas, el Gobierno Nacional ha mantenido un diálogo permanente abierto con las diferentes instancias, con los gobiernos locales, con los líderes de las manifestaciones, con organismos internacionales, con la comunidad académica, con la comunidad internacional, con líderes religiosos, con organizaciones sociales, con comunidades étnicas, entre otros
“Desde la Comisión del Gobierno Nacional, llevamos 8 días en mesas de trabajo con el Comité Nacional del Paro, durante los cuales nos hemos centrado en trabajar en las garantías para que el derecho a la manifestación pacífica no sea un escenario de vulneración de los derechos humanos para ningún ciudadano. Es momento de permanecer unidos para que entre todos encontremos una salida a esta difícil situación, en donde el respeto por los derechos humanos sea la base para garantizar la convivencia pacífica”, puntualizó Nancy Patricia Gutiérrez.
