La reunión de la Vicepresidenta de la República y Canciller, Marta Lucía Ramírez, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) permite entablar una comunicación directa en relación con las acciones del Gobierno Nacional en el marco de las manifestaciones sociales que cumplen cuatro semanas en Colombia.
Así lo destacó la Consejera Presidencial de DDHH, Nancy Patricia Gutiérrez, al resaltar que el Gobierno ha sido garante de los derechos a la protesta pacífica, pero aclaró que los bloqueos de las vías dejaron de ser meras manifestaciones de inconformismo en el marco de las protestas, para convertirse en claras acciones de afectación a los derechos humanos de todos los colombianos.
“El Gobierno de Colombia dialoga con la población, en articulación con autoridades territoriales y órganos de control; con el Comité del Paro; mesas de jóvenes; étnicas; con transportadores, con empresarios y mesas para abastecimiento. Además, seguirá tomando acciones bajo el estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, con el fin de proteger el bienestar de todos los colombianos”, agregó.
La Alta Funcionaria aseguró que la violencia que se ejerce desde los puntos de bloqueo pone en riesgo el derecho a la vida de conductores y transeúntes, también afecta el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo de quienes no pueden asistir a sus labores, a la movilidad o libre circulación, a la vivienda por la relación de este derecho con los servicios públicos, que también se han visto afectados.
Nancy Patricia Gutiérrez recordó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce que los bloqueos prolongados constituyen un riesgo para la población. Por tal razón, permite que los Estados tomen medidas como la dispersión de tales bloqueos cuando éstos generen una perturbación grave y sostenida.
“El dialogo de la Vicepresidenta con la CIDH permite aclarar que el accionar de la Fuerza Pública no está dirigido a reprimir el derecho a la reunión pacifica, sino a controlar los desmanes y violencia grave y generalizada que atentan contra ese mismo derecho y generan afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las protestas como de quienes prefieren no hacerlo”, dijo.
Finalmente, recordó que el Gobierno Nacional ha estado y estará abierto a la observación, a brindar información y a cooperar con los organismos internacionales como la CIDH. Sin embargo, en razón al principio de subsidiariedad, en este momento la prioridad es que los organismos de control del Estado colombiano adelanten su trabajo y sigan presentando los resultados de sus acciones, encaminadas a aplicar justicia, dentro del marco de la Constitución Nacional y la ley.
