La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó de manera contundente los actos de vandalismo registrados en Tuluá (Valle del Cauca), que provocaron un incendio y la destrucción del Palacio de Justicia de ese municipio.
“Este tipo de acciones criminales, así como los disturbios que ocasionan la destrucción de los bienes públicos, deben ser condenadas por toda la sociedad, dado que, además de generar miedo en la población, buscan obstaculizar el trabajo de nuestras instituciones de justicia”, aseguró.
La Alta Funcionaria recordó que la protesta pacífica es un derecho protegido por el Estado colombiano, pero las acciones vandálicas, como las registradas en Tuluá, son actos criminales que deberán ser investigados por las autoridades, para que los culpables sean juzgados y reciban sanciones ejemplarizantes.
Nancy Patricia Gutiérrez afirmó que “hay necesidades, hay malestar, por la pobreza, la inequidad y la discriminación, lo que justifica el reclamo o reivindicaciones sociales y económicas. Sin embargo, el Estado está atrapado. Porque debe garantizar que la gente pueda expresarse libremente, protestar y llamar la atención. Pero cuando esta posibilidad es usada por quienes tienen la intención de crear el caos, el Estado debe actuar contundentemente para garantizar el restablecimiento del orden, y entonces se usa la defensa de los DDHH para paralizarlo.
Surge entonces un dilema para la acción de la Fuerza Pública. Si actúa, acusan a la Policía, a los militares, al Ministro de Defensa o al Presidente, de violar los DDHH, pero si no actúan, son acusados por no proteger los derechos de quienes no participan de la manifestaciones.
“Lo que hay es una profunda división de la nación colombiana. Se requiere restablecer el orden público en este momento, acudiendo a las posibilidades que da el marco de los DDHH: dispersar las revueltas cuando la violencia es grave y generalizada y representa una amenaza inminente para la seguridad física de las personas o la propiedad”, agregó la Consejera Presidencial de DDHH.
No parece coincidencia que una semana atrás los habitantes del municipio de La Plata (Huila) vivieron una situación similar, cuando un grupo de vándalos le prendió fuego a la Alcaldía y a la Casa de la Justicia y que en Popayán se hubiera incendiado la sede de la Unidad de Reacción Inmediata y de Medicina legal, y con ello perder archivos de información valiosa para la aplicación de justicia.
En ese sentido, Nancy Patricia Gutiérrez recordó que “en un Estado Social de Derecho no podemos permitir este tipo de atentados contra las instituciones. Hay que confiar en el accionar de todas las autoridades colombianas para que realmente se garanticen los DDHH y con ello la vida digna de quienes estamos en Colombia”.
