La Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC) y a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) de La Esperanza, presentar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontrados durante las visitas practicadas por el ente de control.

Luego de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad de cara a la pandemia por el Covid-19, las condiciones de infraestructura y funcionamiento, así como la prestación de servicios de sanidad y alimentación de las más de 2.800 personas privadas de la libertad (PPL) en el EPC, la Procuraduría Provincial de Honda encontró varias irregularidades.

Se encontró que las medidas de bioseguridad se practican ocasionalmente, los resultados del examen al agua evidenciaron un alto riesgo en la calidad del líquido para consumo humano, además de intermitencia en su abastecimiento. Así mismo, se determinó que falta personal médico para atender a las PPL y de medicamentos Mipres, no hay balas de oxígeno, ambulancias, ni otro vehículo asignado para transportar a las PPL.

En desarrollo de la actuación preventiva se evidenció falta de salubridad en las celdas, equipos médicos inutilizados y bienes muebles industriales de cocina en desuso, abandono y sin mantenimiento, así como, carencia de unidades sanitarias para personas en condiciones de discapacidad, entre otras inconsistencias.

Las PPL informaron al Ministerio Público que carecen de ventiladores o sistemas de aire, hay poco suministro de elementos para el aseo personal y del lugar, no se cumplen las dietas, jornadas deportivas ni ocupacionales, visitas familiares y conyugales, ni con la autorización del permiso extramural por 72 horas, además de la demora en las decisiones judiciales en las etapas de ejecución y vigilancia de la pena.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que el EPC de La Esperanza de Guaduas ya fue objeto de un fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas de reclusión, a la salud y a la familia de la población reclusa, por las precarias condiciones de la prestación del servicio público penitenciario.

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Nicolas Espinosa Estevez

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