Los Congresistas, Ángela María Robledo, María José Pizarro, Inti Asprilla, Jhon Jairo Hoyos, Iván Cepeda, Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, le enviaron al Secretario General del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, de la Unión Interparlamentaria, un informe con los hechos de persecución que han atentado contra su actividad parlamentaria, con el objetivo de que realice el examen del caso.

En ese marco, los Legisladores le piden a la Unión Interparlamentaria, solicite al Estado colombiano, adoptar las medidas necesarias, para que las actuaciones administrativas que adelanta la Procuraduría General de la Nación en su contra, se realicen respetando sus garantías constitucionales y procesales, máxime si se tiene en cuenta que se abrieron de manera paralela a la discusión y votación de un proyecto de Ley presentado por la propia Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que pretende reformar la entidad y que a todas luces desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia.

La Unión Interparlamentaria es una organización internacional que representa a la rama legislativa de los gobiernos a escala mundial, que trabaja bajo el sistema de Naciones Unidas, y cuyo propósito fundamental es lograr la paz, la cooperación entre los pueblos y la consolidación de las instituciones representativas a través del diálogo político.[1]

En el informe, los Congresistas, denunciaron ser objeto de señalamientos, en los que los tildan de ser “incitadores” o “responsables”, no sólo de las movilizaciones sociales que ha realizado la ciudadanía desde el pasado 28 de abril, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social, sino de las presuntas alteraciones al orden público que se han presentado en algunas ciudades del territorio nacional.

En tal sentido, evidenciaron la presentación de acciones judiciales en su contra, como tutelas e investigaciones judiciales promovidas por diferentes personas, en su contra, como es el caso de los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, entre otros y la apertura de investigaciones disciplinarias, por parte de la Procuraduría General de la Nación contra los congresistas María José Pizarro, Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Wilson Arias, Alexander López y Antonio Sanguino, con fundamento en quejas que contienen afirmaciones injuriosas, calumniosas y mal intencionadas, con las que se pretende deslegitimar el ejercicio de su actividad parlamentaria y su defensa de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la ciudadanía que se han visto amenazados por el abuso de la fuerza por parte de miembros de la policía nacional.

Las/los Legisladores igualmente expusieron al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, de la Unión Interparlamentaria, los casos de persecución de integrantes de la Fuerza Pública contra ellos, que se vieron reflejados en amenazas, hostigamientos y violencia contra los líderes de oposición.

Entre éstos, destacaron, los actos intimidatorios contra la Representante a la Cámara Ángela María Robledo, por parte del Comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, los hechos de persecución de la Fuerza Pública contra el Senador Wilson Arias, y contra el también Representante a la Cámara, Jhon Jairo Hoyos.

Por otra parte, el informe señala la falta de independencia e imparcialidad de entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, cuyos cargos actualmente son ocupados por personas que tienen una relación cercana con el Gobierno de Iván Duque, con sus posturas y su accionar.  Para los firmantes, estas entidades están usando sus facultades para disminuir el trabajo de la oposición al interior del Congreso a través de una serie de movimientos estratégicos que denotan tanto el abuso de poder del ejecutivo, como la complacencia y permisividad de parte de los organismos de control.

Finalmente, el informe reseña los hechos de persecución que han afectado a cada uno de los congresistas firmantes, los cuales ponen a disposición del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, para que sean analizados y en ese marco se genere una comunicación al Estado Colombiano que proteja, los derechos políticos de los remitentes y les permita continuar con su trabajo legislativo y democrático.

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Nicolas Espinosa Estevez

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