La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez,  agradece la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país, así como el reconocimiento realizado al Estado colombiano sobre una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista, con capacidad para hacer frente a los hechos relacionados con la contingencia social presentada desde el 28 de abril de 2021.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales  coincide con la CIDH en la importancia de seguir trabajando para reducir la pobreza y la desigualdad, siendo relevante mencionar que varias de las observaciones corresponden a acciones que ya han sido asumidas e implementadas por el Gobierno Nacional, tal y como se señala a continuación:

El Gobierno Nacional ha venido escuchando a los jóvenes y atendiendo sus reclamos en las últimas semanas; liderando varias acciones así: Programas como matrícula cero o ‘Camello sí hay’; programas en vivienda, en créditos agropecuarios y la primera elección en la historia de Consejos Municipales de Juventud, que le permitirá a los jóvenes empoderarse de los asuntos públicos del país.

Por otro lado, es necesario recordar la reforma institucional en la que ha venido trabajando el Gobierno Nacional que tendría la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa a partir de un Proyecto de Ley que será presentado el 20 de julio, ante el Congreso de la República. El documento cuenta con 10 líneas bases o de acción, con las cuales busca mejorar la transparencia, un mejor servicio a la comunidad y la lucha contra el crimen. Algunos de los principales puntos de esta reforma son: 1) Prevención, protección y respeto por los derechos humanos, 2) Nuevo estatuto disciplinario armonizado en materia de DDHH, 3) Transversalización del enfoque de género, y 4) Participación Ciudadana.

Ahora bien, en cuanto a la recomendación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, es importante resaltar que Colombia cuenta con mecanismos internos para atender las situaciones de derechos humanos que se deriven de la contingencia social, precisamente gracias a su solidez institucional, pero además debido a que Colombia es uno de los países que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente con sus compromisos y atiende oportunamente las solicitudes de información de la CIDH, tal y como lo reconociera la propia Comisión en las reuniones durante la visita de trabajo.

Respecto a los bloqueos o cortes de ruta, la Consejería entiende  que la interrupción temporal y transitoria de la movilidad puede ser una forma de manifestación pacífica, pero no es el caso de los bloqueos permanentes de vías, los cuales están tipificados en la ley penal colombiana (art. 353A del Código Penal), y son sujetos de sanciones, cuando se lleva a cabo a través de medios ilícitos. Como lo demostró Colombia ante la CIDH, los bloqueos ponen en riesgo los derechos humanos internacionalmente reconocidos a la alimentación; al desarrollo económico, social y cultural; y a la vivienda, agua y saneamiento, en relación con la prestación de los servicios públicos.

En cuanto al uso de la fuerza, desde la Consejería somos enfáticos en afirmar que los casos en donde se ha hecho uso de la fuerza son excepcionales y han obedecido únicamente a la intervención necesaria para la protección de los Derechos Humanos de la población, esto con un análisis previo de los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido y de acuerdo con la política de cero tolerancia frente a violaciones de Derechos Humanos, el Estado es el principal interesado en que los casos en donde se incumplieran los protocolos establecidos sean debidamente esclarecidos, juzgados y sancionados con todo el peso de la ley. 

Por otro lado, la figura de traslado de protección se encuentra regulada en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 y reglamentada en la Resolución No. 01681 de 2021 en donde se establece el procedimiento que se debe llevar a cabo, las diferencias con la figura de captura y un mecanismo o canal de información que consolide los casos que estarán a disposición de la Procuraduría General de la Nación y que esta entidad entregará la información a Organizaciones Defensoras de DDHH, Agencias vinculadas a Naciones Unidas y a la ciudadanía en General para que pueda conocer cada uno de los casos y las actuaciones que se llevaron a cabo. 

De otra parte, la Consejería ha venido fortaleciendo el Sistema Nacional de Información de Derecho Humanos, a través del cual se recoge la información de las diferentes entidades del Estado e igualmente se tienen en cuenta los datos de la sociedad civil, lo cual no escapa a la situación de contingencia social.

Finalmente, Nancy Patricia Gutiérrez resalta que el Gobierno del Presidente Iván Duque trabaja todos los días por la protección y el respeto a los derechos humanos, “Colombia es un Estado social de derecho y siempre vamos a velar por los derechos de todos los ciudadanos”.

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Nicolas Espinosa Estevez

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