En el informe se reconoce implementación del Acuerdo y el trabajo desarrollado en una etapa compleja para el país, agravada por la difícil situación económica y la ola más severa de la pandemia del Covid-19.

Se destacan avances y desafíos para la implementación, en puntos como la protección y seguridad de los excombatientes comunidades afectadas por conflictos, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos; la sostenibilidad del proceso de reincorporación; la consolidación de la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto; el diálogo constructivo entre las partes; y el fortalecimiento de  las condiciones para la reconciliación.

Resalta que el compromiso de todas las partes del conflicto de contribuir a la defensa de los derechos de las víctimas es fundamental para que la sociedad colombiana se reconcilie con su pasado. Dicho compromiso exige que todos los actores contribuyan plenamente a la verdad y que tomen medidas para reparar los daños causados. El gobierno Duque tiene a las víctimas como eje de todas sus acciones.

Se reconocen progresos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. El gobierno ha finalizado y entregado a las comunidades 1.286 obras de los PDET, 186 están en proceso y 143 nuevos han sido aprobados con la participación de las comunidades. (263 mil millones de inversión en obras PDET – dato art)

La Unidad Especial de Investigaciones  de la Fiscalía General de la Nación avanza en los casos de ataques contra excombatientes. El ejército y la policía continúan monitoreando la seguridad alrededor de los 24 antiguos ETCR, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. El Mecanismo Tripartito de Seguridad y Protección está desarrollando una estrategia de coordinación para mejorar las medidas de prevención para miembros del partido Comunes.

El Secretario General destaca que los resultados alcanzados hasta el momento en el proceso de reincorporación son loables, pero que los retos que quedan por delante son igualmente significativos. La gran mayoría de excombatientes sigue comprometida con reintegrarse a la vida política, económica y social.

El gobierno adquirió tierra para dos antiguos ETCR y presentó los resultados de la evaluación técnica sobre la viabilidad de proyectos de vivienda en 5 de esos territorios. Aproximadamente la mitad de los excombatientes están involucrados en proyectos productivos y casi el mismo porcentaje ha recibido el correspondiente apoyo financiero.

EL Consejo Nacional de Reincorporación, ha continuado monitoreando los casos de COVID-19 entre los excombatientes y algunos han empezado a recibir vacuna. Cerca de un tercio de excombatientes con discapacidades han recibido certificación. También ha estado trabajando en planes locales para implementar las acciones específicas de género de la política nacional de reincorporación. Fueron creados dos nuevos grupos regionales de reincorporación, los cuales han mostrado beneficios en otras regiones.

El gobierno y los excombatientes continúan trabajando conjuntamente para avanzar en aspectos claves del Acuerdo. Los grupos tripartitos sobre minas y de tránsito a la legalidad continúan mostrando resultados.

El Presidente y el Representante Especial se reunieron para discutir las nuevas tareas de la Misión de Verificación. Un grupo técnico se conformó para diseñar los protocolos y procedimientos necesarios para su funcionamiento.

El Consejo Nacional para la Paz, Reconciliación y Coexistencia ha venido evaluando el estado de las principales necesidades de los consejos territoriales de paz.

La Comisión Étnica de la JEP lanzó un protocolo para guiar las relaciones entre ese ente y los pueblos afrocolombianos.

Las partes acordaron reactivar el Grupo de Trabajo Técnico sobre niños del CNR y se reunieron por primera vez desde julio de 2019.

El Secretario General agradeció la confianza de las partes en el trabajo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que llevó al gobierno nacional a solicitar recientemente la ampliación de su mandato para incluir la verificación del cumplimiento y la implementación de las sanciones propias de la JEP, y dice que la adopción unánime por parte del Consejo de Seguridad de su resolución 2574 (2021) es una muestra más del apoyo inquebrantable de la comunidad internacional a los esfuerzos de construcción de paz en Colombia.

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Nicolas Espinosa Estevez

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