Opinión
La corrupción ha sido a lo largo de la historia uno de los grandes males de este país. Esta realidad ha ocasionado que el Estado deje de proveer los servicios y la garantía real de los derechos consagrados en la Constitución en forma eficiente y con calidad, además de generar en los ciudadanos un desapego y desconfianza hacia las instituciones democráticas, cuyas consecuencias estamos viviendo hoy.
Día tras día vemos cómo la corrupción “se asume como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones y empresas, produciéndose una amplia tolerancia social hacia una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que consideran que la ley no cuenta para ellos; creencia que termina formando parte de la cultura de un país u organización en la que se resta importancia al fenómeno”. (Garberi Penal, 2016)
Por eso, cuando los políticos prometen que serán los guardianes de los recursos públicos, muchos votamos con la esperanza de que esta vez sea verdad y rompan con esa cultura clientelista que se ha apoderado del sistema político del país y que es el origen de todos los males. Recuerdo tanto cuando Iván Duque como candidato les enviaba mensajes contundentes a los congresistas: “Tenemos que acabar la mermelada, los cupos indicativos y la relación transaccional.” Muchos creímos que por su juventud y por la seriedad con que asumió su curul en el Congreso, iba a llegar a combatir esa maldita tradición. Desafortunadamente no fue así; y todos los días escuchamos denuncias de la repartición que está haciendo el gobierno.
Uno de los clanes políticos beneficiados son los hermanos Suárez Mira, que desde hace décadas dominan el poder político de Bello, Antioquia. Muchos los acusan de tener secuestrada la democracia en este municipio. El jefe del clan, Oscar Suárez, fue condenado por concierto para delinquir agravado por recibir apoyos de los paramilitares y por enriquecimiento ilícito. Su hermano, César Augusto, fue condenado por falsificación en documento público; y su hermana, Olga, fue investigada también por vínculos con los paras, aunque fue absuelta por la Corte.
Pese a ese prontuario, el clan sigue teniendo el mismo poder; no solo en Antioquia sino a nivel nacional. Tanto así que el presidente, aplicando la misma práctica que tanto criticó, designó a Olga Suárez como notaria 27 de Medellín. Este hecho pasó de agache, fueron pocos los medios nacionales que le dieron trascendencia a este impresentable nombramiento.
Muchos creíamos que el episodio de la repartición política de las notarías había quedado en el pasado, pero este caso demuestra que no es así. Aunque el 80% de los notarios han sido designados luego de ganarse un concurso serio, son aproximadamente 110 los que han sido o están siendo nombrados directamente por el ejecutivo en interinidad (no todos por este gobierno).
¿Cuántas habrán sido entregadas como transacción política? Espero poder entregar la respuesta muy pronto.
Por: Cristina Plazas
