El Representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Santos del Centro Democrático, lamentó que el gobierno de Iván Duque no apoye la iniciativa de reducir en un 40% los gastos en personal para el Congreso de la República.
“El gobierno es tímido con este proyecto. Ya dijeron que no se metían en los temas del congreso. Lamento que el gobierno nacional no se apropie de esta iniciativa y envíe de paso un mensaje claro a los colombianos que todos ponemos a la hora de hablar de austeridad”, precisó.
Agregó que sería el momento oportuno para enviar una señal clara de compromiso a los colombianos que piden esfuerzos de la rama del poder en los gastos de funcionamiento y que mejor que esta iniciativa que presentó para reducir en un 40% gastos de personal en el Congreso.
Santos, señaló en diálogo con Al Día Noticias por la emisora Punto 5, que la figura de los asesores para los congresistas actualmente tiene un costo de 268 mil millones de pesos anuales, es decir que para los cuatro años la cifra representa más de un 1 billón.
Indicó que los retos sociales y las obligaciones del Estado de ayudar a las clases menos favorecidas en estos tiempos de pandemia, resultan más importantes que sostener la Unidades de Apoyo Legislativo de manera que se podría reducir de 50 a 30 salarios mínimos la capacidad de gasto en personal de cada congresista.
Comentó que hoy en día hay congresistas que utilizan los 50 salarios mínimos en contratar hasta 10 personas y otros con menos pero que claramente es un trabajo que se puede hacer con menos personal de manera que se pueda dar un ahorro anual de l07 mil millones de pesos y por los cuatro años de 430 mil millones de pesos.
De otro lado, el Representante a la Cámara por Bogotá dijo que la reforma tributaria que presentó el gobierno tiene posibilidades de ser aprobada porque el ejecutivo la presentó en términos muy distintos a los que generaron la ola de paro nacional indefinido.
Es de recordar que Gabriel Santos es autor de otro proyecto que busca reducir el tiempo de receso del Congreso, conocido por algunos como vacaciones parlamentarias, que actualmente es de cuatro meses, tiempo en el que no se adelantan sesiones de ninguna clase y con la iniciativa quedaría en dos meses solamente.
