Este proyecto que presentó el gobierno como Reforma Tributaria, la verdad como tal, no lo es, más bien es una iniciativa para pagar los programas sociales que debe mantener el ejecutivo de apoyo a las familias vulnerables del país golpeadas por la pandemia.
Así lo indicó a Al Día Noticias, la Representante a la Cámara por el Valle y ponente Catalina Ortiz Lalinde, al indicar que el proyecto como Reforma Tributaria en todo el sentido de la palabra no alcanza el concepto de lo que realmente es un esquema impositivo para mejorar las finanzas del Estado sino que servirá para para financiar unos programas sociales que impone la pandemia.
Agregó que fueron las grandes empresas del país las que dijeron que están dispuestas a poner un poco más para financiar esos programas sociales pero que es claro que esas medidas no pueden ser por igual para las pequeñas y medianas empresas y que por lo tanto se requiere una tarifa diferencial algo que el gobierno aceptó considerar.
“El país debe saber que el 90% del impuesto a la renta lo paga el 10% de las empresas colombianas. Confirmó que ayer se tuvo reunión con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo y que hay una buena disposición para establecer la tarifa diferenciada.
Asimismo expresó que el gran grueso de la Reforma va para financiar los programas sociales en medio de la pandemia pero que también debe haber algo para el pago de la deuda externa.
De igual forma la congresista por el Partido Alianza Verde indicó que ya radicó dos proyectos de ley en procura de alivios para que los empresarios puedan salir de la crisis. El primero de ellos busca que “los que son responsables de pagar IVA tengan dos meses más para cumplir con esa obligación. Ha funcionado la estrategia de cambiar el régimen simple para traer gente de la informalidad a la formalidad que permite tener más aportes en impuestos”, explicó.
Agregó que el proyecto es además para que las personas que contratan con el estado no tengan que pagar por el RUP (Registro Único de Proponentes) que a la fecha tiene un monto anual de 586 mil pesos, cifra que para una empresa grande no es nada pero para una empresa chica es demasiado y más si tiene que actualizar ese documento que implica volver a pagar.
Asimismo, indicó que el segundo proyecto es muy cercano a su corazón porque tiene como objetivo que las mujeres tengan un mínimo garantizado en materia de oportunidades en cada una de las convocatorias que se hagan en diferentes programas y entidades. “Que en todos los programas tenga un mínimo destinado a las mujeres”, manifestó.
Explicó que la iniciativa se necesita porque se ha logrado identificar que en emprendimientos de alto impacto, como ingenieras en robótica, casi no hay mujeres. “Se requiere que el programa mismo se ponga una meta de cuántas mujeres deben acceder al mismo. Para nadie es un secreto que el desempleo en Colombia es más alto el de las mujeres que el de los hombres. La brecha en empleo y salarios está siempre a favor de los hombres”, insistió.
La dirigente vallecaucana también anunció otro proyecto de ley de carácter ambiental que busca crear una zona de amortiguación para proteger los parques y reservas naturales y cuidar el agua circunvecina”.
Con este proyecto se puede proteger la zona de Tribugá en el departamento del Chocó de manera que no sea posible hacer un puerto de aguas profundas en esa región como lo pretenden hacer algunas fuerzas políticas y económicas del país desde hace algunos años.
Asimismo se podría proteger zonas en riesgo como Los Farallones porque infortunadamente siempre van pidiendo permisos para ir haciendo cosas que terminan afectando los ecosistemas.
“Tribugá no se debe construir porque no se necesita y hacerlo crea un daño ambiental impresionante. Allí se reproducen las ballenas, las tortugas, manglares y un puerto ahí acabaría con la naturaleza y la fauna”, sentenció.
Asimismo Ortiz Lalinde consideró que se le debería preguntar a la ciudadanía para saber cuál es su posición en cuanto a si se debe o no tener estatua para hacerle honor al fundador de Cali como Sebastián de Belalcázar. Soy partidaria del no, pero que sea la ciudadanía la que decida”, anotó.
De otro lado, dijo que Colombia no debe dejarse imponer la agenda por parte de la Human Rights Watch y que aunque es una organización que merece respeto a veces parece que defiende más los derechos de los violentos que de la sociedad afectada por el paro y el vandalismo. “Preocupa que algunos pronunciamientos de la ONG internacional parecen estar más a favor de los violentos.
Agregó que aunque no es partidaria de la expulsión de ciudadanos extranjeros como ocurrió con la ciudadana alemana por el apoyo a la primera línea en Cali, “si debemos entender que los derechos humanos son universales y temas como el derecho al trabajo y a la libre movilidad son fundamentales de manera que estos manifestantes no deben seguir vulnerando estos derechos”, explicó ante la crítica que formuló a Colombia, la Human Rights Watch.
