Por: Cristina Plazas
Esta semana la Corte Suprema de Justicia determinó que los menores de edad, entre los 14 y 18 años, pueden acordar su unión libre con otra persona mayor de edad, sin contar con la autorización de sus padres.
¿Cómo es posible que esta decisión haya pasado desapercibida y que la sociedad en pleno no se haya manifestado?
¿Dónde está el ICBF, los defensores de los niños, la iglesia, UNICEF, los congresistas, los organismos de control, la consejería para la mujer, la sociedad civil? En fin ¿dónde estamos todos?
El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una de las peores formas de violencia de género en el mundo y una grave violación a los derechos de los niños y los adolescentes. Esto atenta contra su desarrollo, los expone a ser víctimas de explotación sexual, a embarazos a temprana edad que significan riesgos para la salud y la vida, a deserción escolar; además de reafirmar el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Dichas evidencias hicieron que fuera declarado por Naciones Unidas y por la Convención sobre los Derechos del Niño, como una práctica nociva que afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta sentencia por tanto viola los tratados internacionales firmados por Colombia en esta materia.
¿En qué estaba pensando el magistrado Luis Armando Tolosa? ¿Cuál es la base científica para determinar que un niño tiene la capacidad para decidir sobre su vida y conformar una familia?
La Corte desconoce por completo el desarrollo humano de las personas, pues ser adulto no es lo mismo que ser adolescente, situación que motivó la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. La mayoría de edad responde no a un capricho legal, sino a estudios médicos, biológicos y antropológicos que demuestran que solo después de los 18 años el ser humano tiene la capacidad corporal y mental para asumir ciertos proyectos de vida, como la convivencia, pues hasta antes de esta edad, las personas somos más vulnerables por nuestra capacidad física y mental.
Adicionalmente el togado no tuvo en cuenta las preocupantes cifras del país. El 17,4 por ciento de las mujeres entre los 15 y los 19 años ya son madres o han estado embarazadas. También evidencia que el 13,3 por ciento de adolescentes entre las mismas edades ya están casadas o unidas conyugalmente. Esto significa que más o menos una de cada 10 jóvenes en zonas urbanas ya está casada; y que una de cada 5 niñas en el ámbito rural ya está en una unión conyugal.
El magistrado Tolosa y sus colegas parecieran enemigos de los niños, no solo por lo expuesto sino porque abren una puerta a los depredadores sexuales y a la explotación sexual comercial.
Esta no es la primera sentencia que falla en contra de los niños. Alarma que el poder judicial no esté de su lado.
