No hay una respuesta jurídica ni operativa adecuada a los migrantes y refugiados venezolanos, aseguró en Al Día Noticias el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez.
Agregó que se ha desdibujado su problemática y, en el marco de un contexto globalizado, hay desinterés y débil responsabilidad de los estados.
“En este debate no se defenderá la idea reduccionista de que los venezolanos son los culpables de la gran parte de problemas de la ciudad, sino que se intentará dar un diagnóstico para entender las causas y soluciones a esta crisis humanitaria, en el entendido que la migración ordenada, segura y regular trae beneficios muchas veces subestimados y que como sociedad no lo hemos concebido ni comprendido a largo plazo”, comentó.
CARACTERIZACIÓN MIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA
Expresó que existen múltiples razones por las cuales los venezolanos se han visto obligados a salir de su país. En primer lugar, está la inseguridad, que es diversificada con zonas dominadas por el crimen organizado sin ningún control e impunemente, que ha convertido a ese país en uno de los más violentos de América Latina. Luego está el tema de la salud, por la ausencia de tratamientos e insumos médicos. Le sigue la falta de acceso a alimentos. Y, por último, el tema económico y laboral, pero no sólo por la ausencia de empleo, porque muchos venezolanos y venezolanas tenían empleo en su país, sino porque los sueldos no alcanzan para sobrevivir (Brito, 2021).
Agregó que las cifras de pobreza en Venezuela han transitado del 53% en 2014, a 75% en 2015 y 82% en 2016, agravado por la escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica (Brito, 2021). En Colombia hay 1’742.927 venezolanos a enero de 2021, de los cuales 759.584 son regulares y 983.343 son irregulares; es decir, el 56% se encuentra en condición irregular. En Bogotá se concentran 340.711 venezolanos, que equivale al 19,55% del total de venezolanos en el país (Migración Colombia, 2021a). El 58% de los venezolanos radicados en Colombia son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años, mientras que más del 28% son niños, niñas y adolescentes (Migración Colombia, 2021b)
Asimismo indicó que una de las principales dificultades para estos hogares migrantes ha sido el acceso a alimentos. El 25,8% manifiesta haber sufrido inseguridad alimentaria severa debido a falta de dinero, lo que implica que se vio obligado a disminuir raciones o dejó de consumir alguna de las tres comidas diarias (Proyecto Migración Venezuela, 2021). En materia de salud, de entrada, hay un serio problema de aseguramiento. El 66,1% de los migrantes entrevistados dice no estar afiliado a ningún régimen en salud y el 64,4% dijo que la razón para no estar afiliado es por falta de documentación, el 11,3% por no contar con la encuesta del SISBÉN y el 5,2% por desconocimiento sobre el trámite de afiliación.
Política migratoria nacional
Para Gutiérrez este reciente fenómeno migratorio, y pasar de ser un país de emigrantes a uno de inmigración y tránsito en un corto lapso de tiempo, ha generado importantes retos para el estado y la sociedad colombiana, pero también ha dejado al desnudo la falta de una política migratoria integral en Colombia (Observatorio de Venezuela Universidad del Rosario, 2018).
Aseguró que desde mesas de trabajo organizadas por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer entre distintos actores y expertos, se han generado algunas recomendaciones. En primer lugar, como sociedad se debe comprender que la migración internacional es un fenómeno irreversible, prolongado en el tiempo y que se actualiza de acuerdo a las dinámicas globales. A partir de esto, se necesita voluntad política del actual y próximo gobierno para que desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial haya una coordinación, con una asignación de recursos y una estructura legal que dé lineamientos y acciones precisas a nivel nacional y territorial en materia migratoria.
SEGURIDAD Y MIGRACIÓN
Instrumentalización de la población migrante en actos delictivos
Se tiene una sobredimensión acerca de la participación de población migrante de origen venezolano en hechos criminales, que se puede contrastar con las cifras de los pocos que van a prisión. Según el Inpec, que custodia 7.077 internos en Bogotá, de la población carcelaria 527 son extranjeros y de ellos, 382 son venezolanos. ¿Sus delitos? el 31 % está por hurto; el 22,2 %, por tráfico; el 8,2 %, por concierto para delinquir; el 7 %, por homicidios, y el 5,4 %, por lesiones personales. Entonces, consideramos que no es pertinente relacionar el aumento de la criminalidad con la migración de ciudadanos venezolanos.
No obstante, los expertos en seguridad señalan que no es viable que las autoridades desvíen la atención más en la nacionalidad que en el problema real, que es la presencia y guerras entre las bandas criminales. En ese sentido, Jairo Libreros, profesor de la U. Externado y experto en seguridad, afirma que se está sobredimensionando el tema de los venezolanos que delinquen, pues según el experto, “el porcentaje de involucrados en delitos en el país es casi del 3,8 % y en Bogotá, del 3 %”, dato que valida la Policía al revelar que de 17.000 detenidos este año en la capital 2.550 eran extranjeros.
III. XENOFOBIA
El hecho más reciente de xenofobia presentado el día de ayer, la agencia de la ONU para los refugiados en Colombia rechaza los panfletos en contra de los venezolanos que han instalado en varios postes y paredes del centro de Bogotá. La Acnur hace un llamado a los ciudadanos para evitar señalamientos que puedan llevar a la violencia en la capital.
DESAFÍOS EN EL SECTOR SALUD
SIN ASEGURAMIENTO NO HAY ATENCIÓN
En la normatividad colombiana se estipula que los migrantes que regularizaron su condición migratoria y cuenten con un documento de identificación válido para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pueden acceder a los servicios a través de la cotización del régimen contributivo o del régimen subsidiado (cuando no cuenten con capacidad de pago). Pero cuando se trata de venezolanos en condición irregular, la Ley 100 de 1993 estipula que todos los habitantes deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social; y la Ley 1438 de 2011, frente al tema de universalización en salud, dispuso que a quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén asegurados, se les incentivará a adquirir un seguro médico (SDS, 2021).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● Hay una alta proyección de venezolanos que no desean retornar a su país, lo que requiere de medidas permanentes con estrategias diferenciales que trasciendan el asistencialismo y promuevan la integración de la población venezolana, con mecanismos de protección e integración pertinente a mediano y largo plazo.
● Si el Estado colombiano no garantiza los derechos básicos a esta población está incumpliendo no sólo con el mandato constitucional sino con las convenciones a nivel internacional. Las dificultades en la política migratoria a nivel nacional no pueden convertirse en un pretexto para no garantizar los derechos y servicios básicos tanto a migrantes como a refugiados. Se requiere una descentralización y autogestión regional y local, pues este fenómeno se manifiesta de forma diferenciada en todo el país.
● La Fundación Ideas para la Paz -FIP- sostiene que a pesar de que esta migración es percibida por algunos colombianos como un factor que afecta la seguridad ciudadana, el análisis de las cifras sobre los flujos migratorios, los delitos y la actividad operativa del sistema penal actual, indica que las condiciones de seguridad no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos.
● A pesar de que en los países receptores se percibe un riesgo de delincuencia por parte de los migrantes venezolanos, la evidencia existente no es robusta en comprobar dicha relación. El reto ahora consiste en cómo atender a las necesidades de esta población vulnerable y evitar los discursos xenófobos en una coyuntura de cada vez mayores restricciones fiscales.
● La principal barrera que afronta esta población es acceder a la regularización migratoria mediante un documento válido en el país, para de dicha manera lograr un acceso a derechos en igualdad de condiciones que los nacionales y buscar soluciones propias en un marco de garantías y cero explotación.
