Por: Luis Felipe Henao
El caso de Emilio Tapia está demostrando que el sistema penal en Colombia corre el riesgo de convertirse en un supermercado de beneficios sin verdad, justicia ni mucho menos reparación.
El carrusel de la contratación de Bogotá ha sido uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia. La justicia demostró que durante varios años la alcaldía de la capital se convirtió en un fortín de los corruptos traducido en peculados, sobornos y contratos ilícitos que causaron un daño de más de 1.000 millones de dólares a los bogotanos.
Sin embargo, y luego de la feria de preacuerdos que permitió el sistema acusatorio, la mayoría de sus responsables fueron condenados a penas de entre 5 y 8 años de “prisión”, de los cuales no pasaron ni la mitad en la cárcel, pues se les concedieron todo tipo de beneficios judiciales como la libertad provisional. Precisamente uno de los casos más paradigmáticos fue el de Emilio Tapia, quien luego de haber confesado ser uno de los cerebros de la operación y delatar cómplices logró la reducción de su pena de 17 años de cárcel a poco más de 7 años, y obtuvo la libertad condicional incluso antes.
El carrusel de la contratación nos demostró los profundos problemas de proporcionalidad que trae la aplicación de los preacuerdos a la justicia: mientras que la mayoría de los que se quedaron con los beneficios económicos del cartel terminan cumpliendo penas efectivas de cárcel de 3 a 5 años (antes de recibir libertades provisionales), los que decidieron defenderse han quedado con penas de casi 30. Un absoluto despropósito. Hoy Emilio Tapia se encuentra nuevamente involucrado en un escándalo de corrupción como el de Centros Poblados y por supuesto ya ha ofrecido nuevamente a la justicia suscribir otro principio de oportunidad.
Todo ello nos permite mostrar los efectos del proceso penal negociado extremo que nos trajo el sistema acusatorio, que ha implicado graves consecuencias que describe brillantemente el muy destacado académico y profesor Fernando Velásquez Velásquez en su obra “La justicia penal: legalidad y oportunidad”: “Esto último, recuérdese, se explica porque —como sus mismos académicos lo reconocen al unísono— cerca del 95% de las actuaciones terminan por la vía de las súplicas negociadas, mientras los incursos en el restante 5% corre el riesgo de enfrentarse, a pesar de un diseño montado sobre el chantaje y la coacción, al escenario del proceso donde, al final, también el sistema termina por castigar a quienes osan «burlarse» de él al pretender que la Constitución impere y los juzgue el jurado de conciencia, porque también sus garantías pueden ser pisoteadas” (p.72).
El caso de Emilio Tapia nos demuestra que el carrusel de la contratación se convirtió en el carrusel de los principios de oportunidad donde muchos terminaron desfilando para obtener beneficios y salir rápidamente del problema sin ningún tipo de reato y dispuestos a seguir cometiendo delitos. Lo que es más grave: ¿qué hubiera sucedido si todos los responsables del cartel de la contratación reconocen los delitos? Pues que nadie terminaría pagando pena completa y todo el escándalo se podría quedar en delaciones recíprocas y penas irrisorias.
Por otro lado, este sistema no solo puede terminar amparando la sinvergüencería, sino también promocionando injusticias. Como destaca el profesor Velásquez, los que decidan no optar por este modelo quedarían expuestos a luchar contra testimonios obtenidos a partir del chantaje de los beneficios. Este peligroso sistema nos puede llevar a un retorno a la inquisición en la cual se torturaba a las personas para obtener testimonios y muchos inocentes cedieron para detener los tormentos.
El pragmatismo introducido en el sistema acusatorio ha hecho que muchas investigaciones penales se estén convirtiendo en un sistema de mercadeo de la justicia en el cual los testimonios se ofrecen como una mercancía y la justicia no surge del debate probatorio sino de una subasta al mejor postor. Del carrusel de la contratación solo quedó el carrusel de los principios de oportunidad. O si no hagámonos las siguientes preguntas: ¿qué consecuencias políticas hubo para el partido del alcalde Moreno? ¿Hubo sanciones proporcionales en un proceso en el cual los que se quedaron con la plata no cumplieron ni el 20 % de pena? ¿Hubo reparación para la ciudad después de la fortuna que la Fiscalía ha revelado que tiene Emilio Tapia? ¿Qué aportó este rimbombante proceso a la verdad, la justicia y la reparación? Si esto pasa en un proceso en el que la justicia penal invirtió decenas de miles de horas de funcionarios, ¿qué sucederá en el resto? Y la pregunta final: ¿será que el sistema penal está cumpliendo sus objetivos en este país?
