Semanas antes de que los líderes mundiales se reúnan en Glasgow, Irlanda para renovar sus compromisos ante la crisis climática durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), un nuevo informe revela que aquellas personas y comunidades están enfrentando ataques al proteger el medio ambiente y la Casa Común.
Un nuevo informe “Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, coordinado por la Agencia Católica para el Desarrollo en el extranjero, CAFOD, (por sus siglas en inglés) y co-financiado por la Unión Europea, revela una tendencia alarmante de patrones comunes de abusos ambientales y de los derechos humanos en América Latina y en Colombia. Las defensoras/es de la tierra y el medio ambiente responsabilizan a los gobiernos y empresas, de no poner a las personas y el planeta por delante del lucro y no proteger la Casa Común. Por estos intereses comerciales, nuestros defensores/as se enfrentan a la criminalización, el acoso y la violencia, incluso la muerte.
Colombia es el país más peligroso de América Latina y el mundo para la defensa de la tierra y del medio ambiente, así lo revelan los últimos datos de Global Witness: 290 de defensores/as ambientales fueron asesinados en Colombia desde 2012. En el 2020, el país registró casi la tercera parte de los asesinatos en el mundo.
Los ataques tienen causas estructurales comunes
“Cuando se emite una sentencia o una orden judicial, que beneficia a las comunidades, o hay sanciones contra la empresa, empiezan las amenazas. Nos mandan mensajes, empiezan las llamadas… concientizar sobre esta situación ha llevado a que nos señalen, a que nos intimiden y nos persigan.” Defensora indígena, La Guajira.
Gobiernos, empresas y grupos armados ilegales, en seis países latinoamericanos, comparten responsabilidades en la devastación del medio ambiente, los ataques en contra de los defensores/as de la tierra y la falta de garantías para su labor. El informe presenta testimonios de personas y poblaciones que defienden sus derechos fundamentales, la vida, la salud y el medio ambiente ante operaciones extractivas e intereses económicos y políticos. Estos casos ilustran la lucha de comunidades por resistir actividades dañinas. Evidencian que las causas estructurales de estos ataques a la Casa Común y a sus defensores/as, son similares en América Latina y Colombia.
Tienen que ver con poderosas fuerzas políticas y económicas que buscan beneficiarse del acceso y control desigual a la tierra y los recursos naturales, agravados por restricciones al derecho a la consulta previa y la protesta pacífica. Otros factores son la estigmatización y criminalización, la falta de protección efectiva del Estado, la profundización de las vulnerabilidades, riesgos y ataques por la pandemia y sus impactos, y el debilitamiento de las protecciones sociales y ambientales.
En Colombia, el informe recoge las investigaciones y denuncias de comunidades indígenas y afro-descendientes acompañadas por Cinep/PPP en La Guajira impactadas por la mina El Cerrejón. Este proyecto minero de carbón a cielo abierto, el más grande de América Latina, tiene como propietarias a las multinacionales BHP, Anglo American y Glencore. Los pobladores denuncian el desvío del recurso hídrico en un 40% para extraer carbón durante años; se calcula que “utiliza 24 millones de litros de agua al día”. Las comunidades han dado la pelea jurídica, la Corte Constitucional ordenó la creación de una mesa interinstitucional para dialogar entre las partes, pero hasta la fecha nunca se ha realizado adecuadamente. Los ciudadanos reclaman el derecho a la salud, al agua, a los alimentos, a un entorno saludable y a la participación segura sin amenazas.
Al otro lado de Colombia, en el corazón cafetero del país, en una población rica en producción agrícola está Cajamarca, en el Tolima, con su lucha para ser escuchada y para hacer valer los resultados de la consulta popular vinculante desarrollada en 2017. Allí la ciudadanía manifestó que no deseaban el proyecto minero de oro La Colosa, propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti que lleva en exploración más de 14 años. Sin embargo, en el 2018 y 2019, la Corte Constitucional emitió tres fallos para impedir que las actividades mineras fueran sometidas a consultas populares y esto ha afectado el cumplimiento de la consulta en Cajamarca. Por lo tanto, pese a la que la ciudadanía se pronunció en las urnas, a que el proyecto se traslapa con áreas delimitadas de páramos y a los riesgos que supone frente al recurso hídrico de la cuenca mayor del Río Coello y sus afluentes, La Colosa sigue siendo una amenaza. Los defensores/as de este territorio han denunciado amenazas de muerte y otras agresiones en varias oportunidades, las cuales están documentadas y las autoridades no han tomado cartas en el asunto.
En el departamento del Cauca las mujeres del pueblo Nasa, autoridades, lideresas y defensoras del territorio han sido víctimas de señalamientos, amenazas, hostigamientos, entre muchas otras acciones violentas, con las que pretenden acallar sus voces. En el transcurso de la investigación se registró cómo en los ataques contra las defensoras se pasó de las amenazas a los asesinatos: Cristina Bautista, Sandra Liliana Peña, Beatriz Cano y Argenis Yatacue, fueron silenciadas con la muerte. Hoy no solo se convive con la ausencia de estas cuatro mujeres que lucharon por la defensa del territorio sino también con el silencio del Estado que no realiza una efectiva investigación y esclarecimiento de estos asesinatos.
Resistencias y estrategias de protección
“Con la consulta popular, más del 99% de los habitantes de Cajamarca dijeron “NO” a la actividad y los proyectos mineros en el Municipio de Cajamarca… El proceso inspiró seis consultas populares más en otras partes del país… Iniciamos un proceso para implementar la decisión soberana de la consulta popular y defenderla de los embates de la empresa minera como del gobierno nacional”. Robinson Mejía, defensor de derechos humanos, Colombia
El informe destaca y visibiliza como, ante la falta de garantías por parte de los Estados y las empresas, y a pesar de este ambiente cada vez más hostil, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y sus comunidades vienen desarrollando importantes acciones de resistencia y protección contra estos ataques. En Colombia, se destacan diferentes estrategias como la organización comunitaria, la movilización social, las acciones articuladas y de autoprotección, el litigio estratégico, y la denuncia e incidencia.
Por ejemplo, en La Guajira, ante la desidia del Estado para atender la situación crítica de comunidades impactadas, los incumplimientos en los fallos judiciales y en aras de proteger la vida de los defensores de los derechos del medio ambiente, “en enero del 2021, un grupo de ONG nacionales e internacionales, incluido el Centro Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), socio de CAFOD, presentó tres denuncias simultáneas ante el Punto Nacional de contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Irlanda, el Reino Unido y Suiza, planteando que la empresa no cumple con las líneas directrices de la OCDE sobre Empresas y Derechos Humanos”.
En Tolima, como parte de esta estrategia, el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA, socio de CAFOD, al igual que otras organizaciones y redes, han pedido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la necesidad de contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana en temas relacionados con la minería.
En Cauca, en el mes de julio, las mujeres indígenas del Tejido Mujer de la Cxhab Wala Kiwe, en audiencia pública con la Relatora Especial de Defensores, la señora Mary Lawlor, presentaron la situación de defensoras del territorio y los derechos humanos. La Defensora mostró interés por hacer seguimiento a los casos denunciados y elevar una comunicación al gobierno colombiano exigiendo el esclarecimiento y justicia para las lideresas asesinadas y sus familias afectadas.
Recomendaciones y necesidad urgente de acción
El próximo 21 de octubre a las 10 de la mañana. será difundido el informe Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, en el que participarán representantes de las tres organizaciones investigadoras: Siembra, Codacop y Cinep; tres líderes defensores de DDHH y de la tierra de cada región, con el acompañamiento de representantes de Cafod y el Jefe Adjunto de la Unión Europea.
El evento transmitido por la página de Facebook del Cinep/PPPhará un llamado urgente para que se implementen acciones de protección y prevención y para que se aborden las causas estructurales. Los estados y las empresas tienen la responsabilidad de prevenir y poner fin a la criminalización de los defensores/as del medio ambiente. Es hora de protección, participación y alzar la voz para no permitir más impunidad.
