• El propósito de los Programas de Transparencia y Ética será prevenir y combatir la corrupción en el país y particularmente en los 170 municipios más golpeados por la violencia y la pobreza y creará estrategias de transparencia y cultura de legalidad.
La Agencia de Renovación del Territorio celebró la sanción de la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción por parte del Presidente de la República, Iván Duque, e implementará los Programas de Transparencia y Ética en los 170 municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Estos son los municipios más golpeados por la violencia y la pobreza y en donde el Gobierno Nacional está ejecutando más de 3.300 proyectos y más de 11,9 billones para consolidar la Paz con Legalidad y mejorar la calidad de vida de más de 6,6 millones de colombianos.
El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación , Emilio Archila, mencionó que de acuerdo con la nueva Ley 2195 del 18 de enero de 2022, estos Programas de Transparencia y Ética Pública tienen el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en las entidades públicas. De esta forma, la ART será la encargada de realizar la articulación entre los municipios PDET con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Además, la entidad preverá el monitoreo específico respecto de los programas, proyectos y recursos derivados de los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR o en su momento la Hoja de Ruta Única que los incorpore. Vale recordar que los PDET son uno de los procesos de planeación participativa más importantes del mundo y que en estos documentos están consignados los derroteros para llevar a cabo las iniciativas que requiere cada región para alcanzar un desarrollo integral, incluyente y sostenible, en los próximos 10 años.
La normativa indica que los Programas contemplarán, medidas de debida diligencia en las entidades del sector público; prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción y promoverá redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
Igualmente, para prevenir y combatir la corrupción, la Entidad promoverá canales de denuncias y creará estrategias de transparencia, de Estado abierto, de acceso a la información pública y cultura de legalidad.
La Ley contempla que las entidades del orden territorial contarán con un término máximo de dos (2) años y las entidades del orden nacional con un (1) año para adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública y que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República será la encargada de señalar las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que debe cumplir, el cual tendrá un enfoque de riesgos.
