Uno de los más importantes compromisos del gobierno del Presidente Iván Duque, a través de la política de Paz con Legalidad, tiene que ver con un acto histórico de equidad y justicia social, que debe reflejarse en las condiciones de vida de nuestros campesinos, sometidos por años a las promesas incumplidas, las violencias y la inequidad.
En cumplimiento de este propósito, la actual administración le ha puesto el mayor énfasis al desarrollo rural y va más allá de la implementación del Acuerdo, en el propósito de solucionar problemas que debieron resolverse hace décadas, y que infortunadamente perduran en el tiempo. Con el liderazgo del Presidente, hemos avanzado en el compromiso político, la planeación detallada y realista, y la búsqueda de recursos con el apoyo de todos los sectores, para que haya una transformación del campo seria y tangible. Que mejore la vida de millones de personas que hoy habitan zonas vulnerables de un país como Colombia, donde del 84,6% es zona rural.
Allí vive el 30,8% de la población y para el cierre real de esta brecha, son fundamentales los Planes Nacionales Sectoriales que fijan las metas, las entidades responsables, las acciones y recursos que se precisan y la coordinación que asegurará los resultados.
Tienen que ver con protección social de los trabajadores, conectividad, electrificación, agua y saneamiento, educación rural, vivienda rural, comercialización, generación de ingresos, formalización de la propiedad, asociatividad, vías terciarias, riego y drenaje y la protección del derecho a la alimentación. Se reconoce, especialmente, la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria de los colombianos más vulnerables del campo, incluyendo las mujeres, y las comunidades indígenas, negras, raizales, palenquearas y afrocolombianas.
Es la forma para cambiar vidas en el largo plazo y volver el desarrollo rural en el país una estrategia irreversible. En agosto del año entrante, entregaremos los 16, debidamente adoptados. Actualmente, hay 13 en ejecución: el más reciente sobre agua potable y saneamiento; y otros tres más están casi listos.
Se ejecutarán durante este gobierno y las 2 siguientes administraciones, así que por única vez tendremos la oportunidad de trabajar en el largo plazo.
Están liderados por 12 ministerios y 27 entidades de gobierno. Planeación Nacional estima una financiación de $100 billones a 2031. Para este año, la inversión, $4,1 billones de pesos, está proyectada así: inclusión social y reconciliación, $1,5 billones; transporte, $650 mil millones; educación $546 mil millones; agricultura y desarrollo rural $ 389 mil millones; trabajo, $303 mil millones.
Las vías regionales, el Banco de Tierras, las redes de salud, educación, los servicios de agua y luz, la vivienda. Todo esto nos lleva a ser optimistas sobre base sólidas.
En doce años Colombia tendrá un campo más inclusivo porque tiene un enfoque de mujeres y de género, un enfoque étnico. El proceso ya empezó y no puede tener marcha atrás.
Por: Emilio José Archila
