Por: Hugo Acero Velásquez
Más que en los delincuentes, los problemas están en el gobierno de la seguridad.
Son innumerables las acciones y los análisis que se han realizado en torno a la violencia y la inseguridad. Sin embargo, los resultados no son los esperados, algunos de estos problemas se han incrementado y se han trasformado.
A los tradicionales problemas de violencia y delincuencia, como los hurtos, las lesiones y los homicidios, hoy se suman los delitos considerados transnacionales, como el narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la trata de personas y el contrabando, entre otros, que afectan la seguridad de los ciudadanos, como es el caso de la venta y el consumo de drogas, el comercio ilegal y el uso de armas de fuego, la extorsión, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por grupos criminales, la trata de personas, la difusión de la cultura mafiosa y el uso indiscriminado de la violencia para resolver cualquier conflicto.
Para abordar esta compleja realidad hay que solucionar dos problemas, si se quiere tener resultados en la reducción de la creciente violencia y delincuencia. El primero tiene que ver con el gobierno de la seguridad, donde el liderazgo del Presidente es fundamental. En los últimos gobiernos ha faltado ese liderazgo, así como el de la mayoría de los alcaldes y gobernadores, los consejos de seguridad dejaron ser escenarios de coordinación de las instituciones de seguridad y justicia; se reúnen después de ocurridos los hechos, cuando ya hay muy poco que hacer y la relación del Ejecutivo nacional con los alcaldes y gobernadores es esporádica y coyuntural.
A esto se suma que las distintas instituciones que tienen responsabilidades en materia de seguridad y justicia no coordinan. Son más de veinte instituciones que deberían coordinar trabajo para enfrentar los distintos retos de violencia e inseguridad, bajo el liderazgo del Presidente y con la participación activa de los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial de Seguridad; el ICBF, que tiene que ver con el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SRPA), el sistema penitenciario y carcelario (Inpec y Uspec), Migración Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y los alcaldes y gobernadores, quienes en su jurisdicción tienen la obligación de liderar y coordinar el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia.
El Presidente debe convocar a la Rama Judicial para que con su trabajo pueda contribuir a la solución de los graves y complejos problemas de violencia y delincuencia.
En términos generales, se requiere el liderazgo del Presidente para poner a trabajar en equipo y de manera permanente a las instituciones antes mencionadas. También, respetando la independencia de poderes, el Presidente debe convocar a la Rama Judicial para que con su trabajo pueda contribuir a la solución de los graves y complejos problemas de violencia y delincuencia.
El otro problema tiene que ver con la realidad cambiante de la criminalidad. Hoy, el Estado, los medios y los analistas seguimos nombrando y tratando los problemas y actores de la inseguridad y la violencia como lo hacíamos a comienzos de este siglo. Hoy no estamos ante las mismas guerrillas que existían antes del proceso de paz con las Farc, el único grupo guerrillero que queda es el Eln y se encuentra en un proceso de descomposición criminal, dedicado casi que exclusivamente al narcotráfico y otras rentas criminales. Las disidencias no son guerrillas, son otros grupos criminales dedicados a las rentas criminales.
Tampoco se está ante los mismos paramilitares que actuaban a finales del siglo pasado y comienzos de este, y menos ante grandes mafias nacionales, sino ante diversos grupos delincuenciales muy organizados, con un poder local importante que no se expresa en presencia activa, sino en una gobernanza criminal fundamentada en el miedo, la extorsión y la amenaza violenta.
Más que en los delincuentes, los problemas están en el gobierno de la seguridad y en el conocimiento y la redefinición de la criminalidad existente para poder enfrentarla como corresponde.
