Juan Sebastián Bargans, Presidente Ejecutivo de Asoleche, habló en Al Día Noticias sobre los efectos que puede tener la Reforma Tributaria en el sector lácteo colombiano. Esto debido al cambio del régimen de exentos a excluidos, la afectación a la seguridad alimentaria en el país, el posible aumento de la informalidad y la disminución en las ventas a nivel nacional.
El sector lácteo en Colombia, es un referente de la agroindustria nacional que genera empleo a más de 736.000 personas que trabajan directa e indirectamente en el sector primario e industrial, donde su incesante labor para garantizar productos lácteos de calidad que alimentan los hogares colombianos ha contribuido a que el sector, sea uno de los grandes aportantes al PIB, consolidándose como motor de desarrollo y crecimiento social y económico del país.
La pandemia ocasionó una crisis económica, reflejada en la pérdida de
empleos, cierre de negocios y una constante preocupación por las nuevas
medidas de aislamiento obligatorio que se han tomado en distintas
ciudades del país. El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible presentado por el Gobierno Nacional ha generado intranquilidad en el sector lácteo por las repercusiones económicas que esta podría traerle al país.
Con la propuesta del Ministerio de Hacienda, la leche y los quesos frescos, que se encuentran en la categoría de exentos, pasarían al régimen de excluidos, lo que ocasionaría un encarecimiento en el producto final debido a que no sería posible descontar o solicitar devolución del IVA
pagado por los insumos que se utilizan para producir estos alimentos
y elevarían los costos de producción. Estos mayores costos se trasladarían
directamente al precio que pagaría el consumidor, es decir, todos los
colombianos.
De esta manera, con el cambio de exento a excluido, el proyecto de Ley
de Solidaridad Sostenible implicaría un incremento del 5% al 7% en el precio final de la leche y del queso.
Por lo tanto, la reforma tributaria fomentaría la competencia desleal al
estimular el desvío del consumo hacia el mercado informal, que no paga
gravámenes, ya que la industria cumple con todos los requisitos normativos
y de ley, mientras el canal informal evade estas obligaciones, acrecentando
uno de los principales desafíos del sector lácteo.
La medida también pondrá en desventaja el producto nacional frente al
importado, esto implicaría una afectación en la seguridad alimentaria de los ciudadanos al limitar aún más el gasto de los hogares colombianos, con la pérdida de su poder adquisitivo para la compra de productos de primera
necesidad como la leche y el queso. Hoy Colombia consume 20 L menos
que el mínimo recomendado por la FAO de al menos 170 L por persona y con esta iniciativa, el consumo de lácteos por habitante se reduciría en cerca del 6%.
A su vez, este cambio de régimen disminuye las posibilidades que tienen los
estratos socioeconómicos medio y bajo, de acceder a la adquisición de las
proteínas básicas para su alimentación, afectando especialmente a los
niños, pues su ingreso económico no les va a permitir pagar el mayor costo
de estos productos.
Asimismo, las ventas de las empresas disminuirían considerablemente,
afectando la compra de leche a los ganaderos y generando grandes
pérdidas en materia socioeconómica para toda la cadena.
Con base en estas consideraciones, desde el sector lácteo hacemos un
llamado al Gobierno Nacional para que revise la propuesta. Actualmente,
este renglón económico ya se encuentra aportando a la nación con
productos como los quesos madurados y yogures, los cuales están gravados
con un IVA del 19%.
Entendemos la situación crítica que afronta el país y por esta razón, consideramos que esta no es la vía al desarrollo económico pues afectaría
a las empresas procesadoras lácteas, a los comercializadores y a más de
321.000 ganaderos, quienes son de vital importancia para continuar
fortaleciendo la economía y el tejido social del país.
